Educación, defensa y preservación de los Derechos Ambientales

El siguiente artículo es un gentil aporte del Dr. Vince Quispe Andia, especialista en Educación.

1.Rol de la educación sobre la defensa y preservación ambiental: de acuerdo a las orientaciones de la UNESCO todos los países del mundo han de programar relevantemente el estudio científico y todas proyecciones sobre el ambiente; asimismo, los derechos que tenemos todos los seres humanos a vivir en un medio ambiente completamente sano y conveniente para la existencia generalizada de todos nosotros. Por ello se ha de enseñar los conocimientos y directrices ambientales a todos los estudiantes, de todos los niveles educativos, los derechos y la preservación necesaria de nuestro ambiente, en todas sus manifestaciones, en cada lugar, zona o región geográfica. Esto significa que urgentemente se tiene que afianzar, a profundidad, en todos nuestros programas curriculares que disponemos, en educación básica, superando sus limitaciones y deficiencias, que se constatan, en el desarrollo de temas centrales, ejes y prácticas indispensables en los cursos de ciencias naturales. Este es el rol histórico que hemos de asumir todos los maestros-as del país.

2.Tratados internacionales sobre inversiones: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) posee la firma, de todos los países integrantes, del Convenio 169 que sostiene: “… las inversiones deben someterse a consulta previa, libre e informada”. O sea las aplicaciones de este Convenio Internacional han de ser respetados por todos los países, al desarrollarse empresas extractivas, en todo territorio donde existan poblaciones vulnerables con posibles perjuicios a su medio ambiente. Ninguna empresa inversora puede eludir los derechos y el bienestar de los habitantes de cada territorio en uso.

3.Acuerdo de Escazú: este acuerdo fue impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( CEPAL), dependiente de la ONU, y su propósito es : “ garantizar los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales”, acuerdo que ya han firmado 22 países de América Latina y el Caribe y el Perú lo hizo en marzo del 2018, a través de la Ministra del Ambiente Fabiola Muñoz, pero todavía ha de ser ratificado por el Congreso Peruano como han hecho los otros países. Se ha de tener muy en cuenta que sería tremendamente negativo que el Congreso no lo apruebe y con ello se dejaría de lado el derecho a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, los que pueden afectar a las poblaciones vulnerables de cualquier lugar de nuestro territorio nacional, incluyendo nuestro espacio marítimo costeño. En buena cuenta, la consulta previa necesaria, que es llevado a cabo en todos los países del mundo, estaría en riesgo y los empresarios con poder económico para invertir serían los grandes favorecidos para iniciar empresas mineras, petroleras o marítimas, pero sin control alguno de futuros daños ambientales.

4.Posición de los empresarios mineros, petroleros y marítimos nacionales y extranjeros: los integrantes de la CONFIED, a través de su ministra, de defensa y proyección, sin límite alguno, de su economía, María Antonieta Alva, han hecho que manifieste ella, abiertamente, el 30 de junio pasado que : “ Teniendo en cuenta la reactivación económica viene coordinando con los ministros de Energía y Minas y Cultura la realización de consultas previas virtuales para la reactivación económica”; es decir, dando tremendas facilidades para las inversiones extractivas en general. En realidad esto es una orden de la CONFIED, de la Sociedad Nacional Minera y Petróleo y la Sociedad Nacional de Pesquería, para que les den pase libre, para poner en marcha sus proyectos extractivos de minerales en la sierra, de petróleo en la Amazonía y de las empresas marinas en toda la costa peruana. En buena cuenta, estas empresas nacionales y otras extranjeras buscan con esta orden impartida a su ministra, María Antonieta Alva, el no estudio y supervisión, de acuerdo a ley, de los Estudios de Impacto Ambiental( EIA), que están establecidos en nuestro país, como también en todos los países vecinos como Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia y otros de América Latina. Para este atropello descarado y cínico, los grandes capitalistas extractivos obligaron, a Vizcarra y a su ministra de economía, a que emitan un Decreto Legislativo Nª 1500 del: 11-05-2020, que en su Art. 6 establece la virtualización del proceso de participación ciudadana en el proceso de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

5.Posición de los pueblos Andinos, Selváticos y Costeños: voceros de las organizaciones indígenas: AIDESEP, FENMUCARINAP, CONAP, CCP y UNCA han advertido que la iniciativa reciente de la Ministra de Economía, María Antonieta Alva, está vulnerando gravemente los tratados internacionales del derecho a la consulta previa y todos sus principios delineados en el Convenio 169 de la OIT. Ello en razón de que más de 8 millones de habitantes de la sierra y selva no cuentan con internet y más de 2 millones son analfabetos-as. Por esta razón poderosa no se puede aceptar, de ninguna manera, consultas virtuales en las zonas requeridas, en lugar de las consultas presenciales. Todos somos conscientes de que existen decenas de proyectos de inversiones extractivas en los lugares ya mencionados , que hasta el momento no tienen luz verde para poner en marcha sus diversas empresas extractivas, porque no tienen la buena pro de los Estudios de Impactos Ambientales ya que no garantizan la salubridad ambiental en los lugares prefijados para desarrollar sus empresas extractivas ; más aún muchas de ellas no cumplen con las especificaciones ambientales, incumplen con las multas que les imponen y no garantizan la seguridad ambiental en muchos territorios.

6.Defensa real de la soberanía territorial en nuestra patria: Es una verdadera vergüenza que la Cancillería Peruana advierta el : “ peligro de aprobar un tratado que reducirá la autoridad del Estado” y que:” La aprobación del Acuerdo de Escazú expondría el 60% del territorio nacional”; asimismo, 12 gremios empresariales dicen que ello: “ afectaría la soberanía nacional y es un riesgo para el país”. Esto, en realidad, es el colmo de hacer empresa con un cinismo descomunal, exigiendo ningún control ambiental, con el único propósito de saquear nuestras riquezas naturales y seguir multiplicando sus ganancias metálicas, sin límite alguno. La auténtica defensa de la soberanía y de cualquier parte de nuestro territorio nacional es el derecho, inalienable, de defender férreamente los recursos naturales, en bien de todo el pueblo peruano y en especial de las poblaciones más vulnerables, disponibles a las contaminaciones ambientales por los saqueos de los empresarios hambrientos de acumular el vil metal, sin pagar tributo alguno por las grandes riquezas que poseen, además de ello, practicando la elusión fiscal, reclamando la devolución de impuestos cobrados legalmente y fabricando, con los funcionarios corruptos, adendas de contratos y convenios de manera indefinida. Gracias, todo ello, a su carta política de 1993, que tiene que ser reemplazada prontamente por una Nueva Constitución liberadora y dignificante para todo el pueblo peruano.